El uso del derecho de adquisición preferente por parte de la administración permite comprar edificios enteros que salen al mercado privado para ceder su gestión a entidades sociales. Esta lógica es la vía más rápida para frenar la especulación en barrios consolidados y ampliar el parque público sin esperar a la obra nueva, delegando la responsabilidad operativa en operadores sociales con arraigo en el territorio.