Este modelo se basa en un sistema de autogestión asamblearia con roles rotativos —facilitación, mantenimiento o gestión económica— que asegura la corresponsabilidad de toda la comunidad y evita la concentración de poder. En lugar de un reglamento cerrado, apuesta por la construcción de “documentos vivos” que permiten ajustar las normas de forma iterativa según la experiencia real de convivencia. Esta estructura se refuerza con el uso de paneles físicos que visibilizan el trabajo de cuidados y las aportaciones al barrio, transformando la gestión cotidiana en una conversación pública sobre justicia interna. Al evitar que el edificio funcione como una “isla”, la comunidad se integra en la trama local, devolviendo valor social al entorno y garantizando la resiliencia del proyecto bajo un marco de tutela pública.