Esta práctica convierte la mediación en una infraestructura pública de prevención frente a la pérdida de vivienda. Al coordinar servicios sociales, juzgados y entidades ciudadanas (como la PAH), este servicio profesionalizado logra evitar nueve de cada diez desahucios de familias vulnerables. Su lógica inspiradora es actuar de manera preventiva y rápida, centralizando la información para ofrecer una intervención integral que va más allá de la asistencia puntual.