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La pandemia marca el cambio de siglo de manera definitiva. En este siglo XXI, los ciclos políticos son cada vez más rápidos, también son cada vez más complejas las sociedades con las que tiene que lidiar la Administración Pública: con cambios más veloces (y fugaces), con más diversidad entre quienes la componen, con avances tecnológicos con más incidencia a nivel estructural, al mismo tiempo que prefiguran más el tipo de subjetividad y las maneras de relacionarnos… Frente a ello, las administraciones materializan cambios lentos, maquinarias burocráticas que se mueven como gigantes a cámara lenta, dentro de un contexto de creciente desconfianza y desafección por parte de la ciudadanía hacia la institución pública. A menudo, esta desconfianza se plasma no solo en la desafección hacia la clase política, sino también hacia los/as trabajadores/as públicos/as, que son los que tienen que implementar los procesos y mecanismos de participación con herramientas, a veces, obsoletas y, a menudo, insuficientes.
En este contexto, no hay que renunciar a lo público, sino fortalecerlo y, aunque parezca contradictorio, esto pasa por su capacidad de abrirse y dejar que las fronteras entre lo público, lo comunitario y lo social se diluyan cada vez más en determinados ámbitos. Ahí, la participación ciudadana es clave. Es clave como un mecanismo para redistribuir poder que permita mejorar la confianza en las instituciones; y es clave también para rediseñar las administraciones. No es la ciudadanía la que necesita de la participación, es la administración la que necesita de la ciudadanía, y una de las herramientas que tiene para ello es la propia participación.
Resulta difícil imaginar la posibilidad de plantear, de llevar a cabo una gran reforma de la administración para adecuarla a los tiempos que corren; es de la mano de la ciudadanía como se pueden ir efectuando cambios que la tornen más porosa, que desdibujen las fronteras entre ciudadanía y administraciones públicas.
La participación se puede entender de diferentes maneras; aquí apuntaremos solo algunas que nos parece que pueden ayudar a la hora de repensar la institución, a la vez que en la implementación del día a día de políticas públicas vinculadas a ella.
La administración necesita cada vez más a la ciudadanía para sostener situaciones de crisis. La pandemia de la COVID-19 y las redes vecinales han sido un gran ejemplo. Para esto, es necesario replantear determinados marcos normativos en la cesión de espacios, en la evaluación e implementación de las políticas públicas, en la capacidad de incidencia en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, en la gestión de servicios o equipamientos púbicos o a la hora de incidir en la agenda política. Legislar desde la confianza en la ciudadanía, no al contrario; es necesario también desburocratizar la participación. La burocracia es como el colesterol, la hay buena y la hay mala; podemos mantener aquella que lo que hace es evitar procesos arbitrarios, aquella que garantiza la universalidad de la acción, pero eliminar aquella que responde solo al lenguaje privado de la administración que habla consigo misma.
La capacidad de legislar no está siempre en nuestras manos, y no se agota ahí la posibilidad de replantear la influencia de las vecinas y vecinos en las decisiones políticas. Es necesario establecer mecanismos de escucha para atender a los disensos que se están fraguando fuera de las instituciones, no utilizar la participación como una forma de legitimar las decisiones tomadas en la administración sino habilitarla como una herramienta de influencia que permite redistribuir poder. Una forma de ampliar también el mapa de actores que tiene que jugar un papel en la acción pública. Para aterrizarlo, pondremos un ejemplo: los mecanismos de democracia directa precedidos por procesos de recogida de firmas o de avales ciudadanos para asegurar que responden a un interés generalizado. En la participación ciudadana bien entendida entran en tensión la democracia representativa y la democracia participativa o la democracia directa. Tensar las costuras de esa fricción ayuda a virar la administración hacia un lugar más abierto, con más capacidad de escucha. Estos mecanismos de democracia directa tienen que ligarse también de formas de trazabilidad y rendición de cuentas, por supuesto.
La escucha es el primer paso para dejarse modificar, influir por el afuera; y puede ir acompañada de otros procedimientos, más sencillos, que ayuden a ampliar el público objetivo de los atisbos de democracia participativa que pueden darse en las instituciones de hoy en día. Desde la apertura de diferentes canales (un whatsapp o telegram, una oficina, una reunión, un mail, un teléfono, una plataforma digital, una asamblea…), pasando por aplicar modelos híbridos de participación offline y online (véase aquí la filosofía que hay detrás de la plataforma Decidim, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona), a la posibilidad de contar con traductores/as o mediadores/as interculturales, o a cambiar el lugar en el que tienen cita los procesos para realizarlos allá donde están las comunidades a las que queremos llegar, invitar a los procesos de participación a los actores económicos… Son formas de reblandecer las fronteras entre administración y ciudadanía. Una ciudadanía que puede nutrir a la administración de una inteligencia colectiva que la propia arquitectura de la administración, a menudo, hace difícil que se desarrolle de puertas para dentro. Por eso, generar espacios como los que se construyen desde Bherria es un ejemplo de un tipo de colaboración que la administración necesita para crecer, para mejorar la vocación de servicio público.
Porque la participación, la capacidad de incidencia de la ciudadanía, la cogobernanza es más plena cuando se orienta a satisfacer el interés general y tiene también vocación pública.
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